El Anteproyecto de Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad de Enseñanza (LOMCE) pretende relegar a la Filosofía y
a las distintas materias hoy vinculadas a la Filosofía, como la Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos –EpC- o la Ética y Ciudadanía –EyC- y que
mantienen en la actual LOE un continuo curricular, a una disciplina académica
de ámbito marginal.
Sin entrar en detalles que confundan
al lector conviene destacar la eliminación de EpC y de EyC y su implantación
curricular en los niveles educativos de primaria y secundaria en beneficio de
una dudosa transversalidad de los contenidos de las mismas diluyendo la
importancia que tiene en la educación el conocimiento de los fundamentos
racionales de la conducta ciudadana y la adquisición de habilidades sociales
para el desarrollo de una correcta convivencia democrática, y renunciando al
estudio de los preceptos, deberes y derechos constitucionales ligados -como no
podría ser de otra manera- a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
otros tratados internacionales.
Por otra parte, la LOMCE pretende
también despojar de la materia Filosofía y Ciudadanía, actualmente cursada en
el bachillerato, la parte del currículo vinculado a la ciudadanía en beneficio de
la Filosofía tradicional cuando dicha materia pretende, en la actual LOE, que
el alumnado ahonde en la dimensión ética del concepto de ciudadanía
clarificando sus bases y proyecciones filosóficas remitiéndolo, de una manera
natural, al estudio del concepto mismo de Filosofía y de su aplicabilidad. No
olvide el lector que las materias antes citadas tienen como objetivo
"desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los
derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza,
desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida
comunitaria".
Y por si fuera eso poco, el
Anteproyecto LOMCE destierra la Historia de la Filosofía del actual
bachillerato al ámbito de la elección discrecional por parte del alumnado con
la consecuente pérdida del status académico cardinal mantenido durante décadas.
Semejante desprecio hacia el conocimiento de los orígenes y la evolución del
pensamiento de la humanidad en el currículo escolar denota, cuanto menos, la
consideración de la Filosofía como un saber inútil, improductivo e infecundo.
Todo esto me hace recordar el
discurso inaugural leído por la Catedrática de Ética, Esperanza Guisán, en la
solemne apertura del curso académico 2005-2006 de la Universidad de Santiago y
que llevaba por título "De la útil inutilidad de la Filosofía". En
aquella brillante lección magistral, la doctora Guisán defendía la necesidad y
la utilidad de la Filosofía en una época histórica como la nuestra donde tanto
escasean los valores críticamente asumidos.
Sorprende amargamente que los
poderes públicos insistan en la necesidad de una enseñanza de calidad para
después privar al alumnado de una formación específica indispensable que le
ayude a desarrollar las competencias necesarias que le faciliten el acceso al
conocimiento de los valores constitucionales, los textos estatutarios de
autonomía, los tratados internacionales, y los que garantizan y formulan los
distintos Derechos Humanos. Resulta asombroso que la reflexión en el aula sobre
la legitimidad del poder político, los fundamentos filosóficos del Estado
democrático de derecho, la libertad y la tolerancia pueda ser considerada un
mero anexo en la formación integral de los jóvenes y jóvenes de hoy en día.
Hay que priorizar la formación de buenos ciudadanos antes que "buenos profesionales". La profesionalidad es, ciertamente, una virtud pública en la medida en que sirve a los intereses comunes de la sociedad, como muy bien indicó Victoria Camps en alguno de sus libros. Pero la educación del futuro profesional no debiera minimizar el papel liberador de la Filosofía y la relevancia de una educación moral que refuerce y mejore sus virtudes cívicas y públicas. Y que los convierta en buenos ciudadanos.
Hay que priorizar la formación de buenos ciudadanos antes que "buenos profesionales". La profesionalidad es, ciertamente, una virtud pública en la medida en que sirve a los intereses comunes de la sociedad, como muy bien indicó Victoria Camps en alguno de sus libros. Pero la educación del futuro profesional no debiera minimizar el papel liberador de la Filosofía y la relevancia de una educación moral que refuerce y mejore sus virtudes cívicas y públicas. Y que los convierta en buenos ciudadanos.
(Artículo publicado por Elías Pérez Sánchez en "El Progreso" (8-XII-2012)
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